Opinión | Por Tomás Allan |

 

“I am the law and the order candidate” (soy el candidato de la ley y el orden). La frase pertenece a Donald Trump, y fue expresada exactamente el 21 de julio de 2016, en plena campaña electoral que finalizaría luego con su consagración como presidente de los Estados Unidos. Aunque su origen se remonta a los ’70, cuando Richard Nixon, también presidente de los Estados Unidos en ese entonces, se presentaba como el héroe que llegaba para librar la guerra contra las drogas.

Nixon y Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil (“hay que restablecer el orden en Brasil”), Matteo Salvini en Italia… La lista sigue. ¿El denominador común? Candidatos de derecha. Partamos de la siguiente premisa: la palabra “orden” suena más en la derecha. ¿O es, acaso, una palabra de izquierda? ¿Hay alguien que se auto-ubique en ese espacio que piense en él como principal principio rector de su propia actividad política? Rápida e intuitivamente diríamos que no suele aparecer con asiduidad en el lenguaje progresista, donde priman términos rupturistas mas bien referidos a ideas de transformación (“revolución”, “reformismo”, “deconstrucción”). El horizonte es una mayor igualdad (económica, social, de género), lo cual, a priori, no pareciera tener una estrecha relación con el orden.

¿Quién es, en Argentina, la cara de la ley y el orden? Parece claro: Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad se ha colgado las banderas de la lucha contra el narcotráfico y de la mano dura para combatir el caos, y se ha visto inmersa en algunas controversias que involucran, entre otros, los casos de Santiago Maldonado, Luis Chocobar, Rafael Nahuel y los jóvenes asesinados por la policía en Tucumán, que dispararon al auto “porque no frenaron ante la orden policial”. Los chicos (cuatro menores y un joven de 22 años) iban cantando.

Frente al incumplimiento de la ley, respuestas por fuera de ella

Hay varias particularidades a las que prestar atención en las acciones y reacciones de la ministra. En primer lugar, Bullrich exhibe una concepción de la ley que no es novedosa pero no deja de ser llamativa: a quienes violan la ley les caben respuestas por fuera de ella. Como si cometer un delito o una falta habilitara comportamientos extralegales de los agentes policiales. Cuando, en verdad, lo que distingue a un Estado de Derecho es que el la fuerza púbica no se aplica arbitrariamente según los criterios libremente elegidos por ministros o agentes de la policía sino de acuerdo a condiciones específicamente establecidas en la ley. Frente a un delito no se responde con fuerzas policiales desmedidas y libremente administradas sino, por el contrario, con procesos judiciales especialmente regulados y controlados. Y no es la Policía la que decide si, cuánto, cómo y a quién le corresponde un castigo: son los jueces.

Por supuesto, Bullrich no argumenta explícitamente esto. Pero cuando desarrolla férreas defensas de conductas de agentes de seguridad que actúan bajo su órbita y que se han excedido en el uso de la fuerza, está defendiendo eso.

Le damos al Estado el monopolio de la fuerza pública para que resuelva los conflictos que tenemos como sociedad a través de procesos establecidos previamente por el Derecho. De lo contrario, primaría la ley del más fuerte y correríamos el peligro de enfrentarnos todos con todos. Pero precisamente porque le damos tamaño poder y semejantes recursos esperamos, como ciudadanos, que ese poder sea ejercido responsablemente.

Para evitar abusos y excesos en el uso de la fuerza consagramos, dijimos, procesos judiciales y regulamos procedimientos policiales. Procesos que deben respetar garantías establecidas en la norma de mayor valor y organizadora de nuestro sistema jurídico (la Constitución). Allí se establece el derecho a no ser penado sin juicio previo; a defenderse en ese juicio; a ser juzgado por un juez competente e independiente; a que se presuma nuestra inocencia y sea por ello el Estado el que debe demostrar que somos culpables (y no nosotros demostrar nuestra inocencia para desvirtuar una presunción de culpabilidad); a que, en caso de duda, se decida dejar en libertad al acusado; etcétera. Entonces, para que la fuerza que ejerce el Estado sea legítima, debe someterse a esas condiciones. De lo contrario, la fuerza que aplica pasa a ser ilegal e ilegítima y el Estado se convierte, él mismo, en un quebrantador de la ley.

Por eso, la mejor forma de defender el cumplimiento de la ley desde el Estado no es autorizando la persecución del delito por fuera de la ley sino, por el contrario, dentro de ella. Es la marca del Estado de Derecho.

bullrich y gendarmeria

Las fuerzas de seguridad y la rendición de cuentas

En segundo lugar, en casos controversiales como los de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Luis Chocobar, la primera reacción de la ministra (la primera y única, dado que mantuvo esa postura todo este tiempo) fue salir a defender enérgicamente a los agentes de seguridad involucrados. Una defensa “a ciegas”, antes de contar con datos que otorguen una mayor precisión sobre el tema.

Es otra respuesta bastante llamativa. Lo último que esperamos de una funcionaria a cargo de las fuerzas de seguridad son respuestas corporativas y cerradas. Es ni más ni menos que la persona a cargo de un aparato inmenso con aptitudes para ejercer la fuerza sobre nosotros, los ciudadanos. Lo mínimo que esperamos es que quien ocupe ese cargo nos permita (y se permita a sí misma) dudar sobre la legitimidad del accionar policial en casos sumamente controversiales.

Y aquí no hay igual grado de responsabilidad: un ciudadano cualquiera puede perfectamente dudar sobre lo sucedido en situaciones que involucran a fuerzas de seguridad, aún sin contar con todos los datos que permitan recrear la situación (de hecho, precisamente por eso). Tenemos todo el derecho del mundo a preguntar qué pasó con un chico que desapareció en el contexto de la represión a una protesta, en un lugar al que la Gendarmería no podía ingresar. Y más aún en una sociedad con 30.000 desaparecidos cristalizados en su memoria colectiva. Tenemos todo el derecho del mundo a preguntar qué pasó con un chico que aparece muerto, con una bala en el lado posterior de su pierna, en el marco también de una represión policial. Tenemos todo el derecho del mundo a cuestionar el disparo por la espalda de un policía, que termina en la muerte de una persona, y sin encuadrar los hechos en la figura de la legítima defensa; aún cuando haya sido luego de cometer un delito.

 


“Lo último que esperamos de una funcionaria a cargo de las fuerzas de seguridad son respuestas corporativas y cerradas”


 

Si le damos al Estado semejante poder, si le damos ni más ni menos que el monopolio de la fuerza pública, a cambio pedimos que ese poder lo ejerza con responsabilidad y apego a la ley. Y pedimos también que nos responda nuestras preguntas (¡O que al menos las considere!). De ahí que el comportamiento de Patricia Bullrich sea sumamente irresponsable y contrario a lo que indica el manual: esas defensas enérgicas y cerradas cierran la puerta a las preguntas y eximen a los agentes de seguridad (que son funcionarios del Estado) de rendir cuentas en una materia tan sensible como es el uso de la fuerza púbica.

Cuando hablamos de la responsabilidad que tiene la ministra en hechos como el de la muerte de los jóvenes en Tucumán en mayo de este año no nos referimos al tipo de responsabilidad penal. Está claro que Bullrich no tiene participación directa ni indirecta en esos hechos, en términos jurídico-penales. Pero la responsabilidad penal y la responsabilidad política corren por carriles separados. A una ministra de Seguridad que alienta abusos de las fuerzas policiales le cabe responsabilidad política por las consecuencias que ello pudiera acarrear. Cuando sucedió lo de Tucumán muchos argumentaron, en su defensa, que controlar a las fuerzas de seguridad es muy complicado: que tienen cierta autonomía, que tienen sus propias lógicas, que los excesos en la calle son difíciles de evitar desde los puestos de dirección. Lo curioso es que lo digan cuando la postura desde los puestos de dirección no fue ajustar los controles sino, precisamente, relajarlos. Si eximís de rendir cuentas a los agentes que actúan bajo tu órbita, por vía de defensas públicas enérgicas y cerradas (y hasta un reconocimiento en Casa Rosada), el resultado es -o al menos es muy probable que sea- un aumento en los abusos de esos mismos agentes a la hora de aplicar la fuerza.

Bullrich evidencia las contradicciones de una coalición de gobierno que mientras con una mano reivindica las libertades individuales, con la otra relativiza uno de los aspectos más valiosos de la tradición liberal (las garantías judiciales). La imagen de fuerzas policiales desmedidas, quebrantando la ley para perseguir a quienes la quebrantaron previamente, es lo contrario a orden: es caos.

President Trump addresses nation on South Asia strategy

Un sentido progresista para el orden

Ahora bien, el orden viene con su contracara tan indeseable como necesaria: el caos. Algo que para las derechas se juega en varios terrenos, que van desde el garantismo (que “asegura la puerta giratoria a los delincuentes”) y las fronteras abiertas (a gente que “viene a sacarnos el trabajo y delinquir” -una especie de descontrol fronterizo) hasta el Estado de Bienestar (que ofrece beneficios a quienes no se esfuerzan -un “despilfarro” bancado por las clases medias “productivas” para sostener una masa poblacional siempre improductiva). Y el menú que se ofrece a continuación suele incluir las viejas recetas de mano dura, cierre de fronteras y recorte de transferencias monetarias y otros beneficios sociales para los sectores bajos.

Seguridad interna, fronteras y políticas sociales aparecen como algunas aristas del caos a combatir. Aunque no las únicas: para las nuevas derechas pospolíticas, la intensidad ideológica que se corporiza en la protesta social y las libertades civiles en torno a la orientación sexual o la identidad de género que quiebran un “orden natural” son también parte de ese desorden social amenazante. ¿Es inevitable asociar al orden con el inmovilismo, el aislamiento y la disciplina?

Dice Iñigo Errejón, ex integrante de Unidos Podemos, el partido de izquierda español: “En nuestro país no faltan recursos, están muy mal distribuidos. Poner orden en España es equilibrar la balanza”. Una de las figuras progresistas más insistentes a la hora de sugerir que el hecho de que hoy prevalezca una determinada idea de orden, mas bien conservadora, no implica que esa idea sea inmutable. Orden es sanciones duras, fronteras cerradas y meritocracia sin Estado pero también puede ser derechos sociales que desactiven el delito callejero contra la propiedad, brazos abiertos para grupos de personas que buscan mejores oportunidades en otras tierras y Estado presente que corrija desigualdades sociales injustificadas. O sea, equidad y apertura, frente al blindaje y el inmovilismo social.

 


“Contrariamente a la idea que asocia al orden con mantener todo como está, el progresismo podría decir: ‘Habrá orden cuando las cosas estén como deberían estar'”


 

El quid de la cuestión está en que las reivindicaciones que ingresan bajo el lema de “la ley y el orden” por parte de figuras de las derechas occidentales no son ingenuas ni son neutras. Responden a una determinada concepción de la ley y del orden. De ahí que puedan volverse objeto de disputa. Es obvio que el Estado y su capacidad para monopolizar el uso de la fuerza (utilizado legítimamente y cumpliendo con ciertas condiciones) garantizan el orden. Pero mucho menos obvio es que la cuestión pase exclusivamente por ahí.

¿Qué valores suelen asociarse? Tranquilidad, estabilidad, certeza, previsibilidad… ¿Cómo incorporarlo al lenguaje progresista y al mismo tiempo manifestar una disconformidad permanente con las inequidades propias del capitalismo? ¿Cómo reivindicar la transformación y al mismo tiempo la tranquilidad? ¿Cómo compatibilizar ruptura y deconstrucción con previsibilidad y certeza, igualitarismo con estabilidad, politización con esfera privada? En definitiva, ¿cómo hablar de orden sin perder el glamour (o la identidad)? La difícil tarea de comprometerse con esos valores y al mismo tiempo decir que casi todo debe cambiar.

Consideremos la posibilidad de darle un sentido progresista a la noción de orden. Porque el progresismo puede ofrecer una idea distinta sobre el tema y evitar regalarle a las derechas el monopolio del uso de un valor ampliamente compartido. Y para eso debe entrar en la disputa, apropiarse también del término, proponer nuevas significaciones y significantes. En el ideario progresista el orden se asocia menos con Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) que con Carolina Stanley (ministra de Desarrollo Social); tiene que ver con los organismos de la seguridad social y no (solo) con la Policía; no implica parálisis sino, por el contrario, movilidad social; no connota retribución (penal) sino distribución (económica). Digamos que orden no es reprimir la protesta: es ir a la plaza a exigir un derecho y volver a casa íntegro.

“Orden” es una de esas palabras que suenan más en la derecha pero pueden sonar mejor en la izquierda. El desafío para el progresismo está en la posibilidad de apropiarse del concepto resignificándolo. Pero también está en la posibilidad de conciliar demandas variadas –muchas veces en tensión- en sociedades fragmentadas: cómo compatibilizar el ejercicio de la protesta con el -entendible- cansancio de clases medias (y no solo medias) de esa intensidad política permanente; cómo abrir las fronteras sin que cunda el pánico por la pérdida de los puestos de trabajo; cómo tratar la cuestión de la seguridad sin caer en medidas punitivistas con efectos políticos de corto plazo pero carentes de una perspectiva integral en el largo.

Un país en orden no es aquel en que las consecuencias de la desigualdad (o los impulsos por reducirla) se callan a palos. Es uno con igualdad de salarios para hombres y mujeres; uno donde los chicos no pasan hambre; uno con derechos para los trabajadores; uno en el que la protesta social no se demoniza. Contrariamente a la idea que asocia al orden con mantener todo como está, el progresismo podría decir: “Habrá orden cuando las cosas estén como deberían estar”.

Como dice Martín Rodríguez: orden queremos todos. La diferencia es que para el progresismo -parafraseando a algún anónimo que decidió embellecer uno de los tantos paredones de la ciudad de La Plata- orden es que los pibes coman.

 

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