F. Salvioli: “Los derechos humanos tienen una ideología propia”

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Entrevista a Fabián Salvioli* | Por Antonella Bormapé y Tomás Allan |

 

Ocho años integró Fabián Salvioli el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -algunos de ellos ocupando la presidencia-. Luego de tanto tiempo examinando y evaluando a cientos de Estados en materia de cumplimiento de derechos civiles y políticos, dejó su lugar para ocupar un nuevo cargo, en este caso como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Monitorear los procesos de transición en el mundo, esa es la función de Fabián, cuyo video exponiendo en el Congreso de la Nación a favor de la legalización del aborto en 2018 se volvió viral.

Apenas días atrás había estado exponiendo en un panel organizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Entre idas y vueltas, viajes al exterior por temas laborales y clases cotidianas en la Universidad Nacional de La Plata en la materia Derechos Humanos, logramos hablar un rato con Salvioli sobre temas que van desde la situación de Venezuela hasta la relación de las ideologías políticas con los derechos humanos, pasando por las ineludibles cuestiones de género.

Integraste ocho años el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y ahora te desempeñás como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. ¿En qué consiste tu nueva función?

Esto es una cosa muy diferente, ya que se trata de un procedimiento especial que depende del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Comité, en cambio, es un órgano de tratados que interpreta y aplica el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Aquí se trata de un mandato a todo el mundo, es decir, a todos los Estados de Naciones Unidas (independientemente de que hayan ratificado o no tratados), para monitorear los avances y dificultades en procesos de justicia transicional. Se busca, frente a situaciones de violaciones graves, masivas y sistemáticas de derechos humanos o de derecho humanitario, o cuando hay un traspaso de un gobierno autoritario a una democracia, o una salida de conflicto armado hacia un estado de paz, que se aborde esa situación de manera tal que se cumplan estándares de derechos humanos.

En una entrevista con El País decís que la paz no se mantiene, sino que se construye, ¿a qué te referís?

A romper con el paradigma que estableció la Carta de las Naciones Unidas del mantenimiento de la paz, ya que en realidad es mas bien una idea de “estado de no guerra”. No creo que pueda haber paz en un mundo donde la cuarta quinta parte de la población no tiene satisfechos sus derechos básicos. Es decir, la paz se construye con inclusión, y la inclusión implica el respeto y la garantía de los derechos humanos.

¿Cómo evaluás lo que está sucediendo en Venezuela?

Como Relator, poco puedo decir porque no es un asunto que esté bajo mi estudio, pero si vos me preguntás cual es mi opinión, puedo decir que Venezuela indudablemente atraviesa por una situación de violaciones graves y sistemáticas, o graves al menos, de derechos humanos. Hay incluso un examen preliminar, inicial, en el marco de la justicia penal internacional, en relación a la posible comisión de crímenes contra la humanidad en dicho país. Lo de Venezuela es un régimen que ha denunciado el Pacto de San José de Costa Rica, y que diversos órganos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas han denunciado como un fuerte deterioro del estado en materia de derechos humanos. No entra aún dentro de mi mandato porque no tenemos ninguna transición en curso, pero por supuesto que observo eso con mayor preocupación, como observo con mayor preocupación cualquier violación a los derechos humanos que ocurra en cualquier lugar del mundo, independientemente de quiénes sean los gobiernos bajos los cuales se realizan esas prácticas.

 


“Hay un examen preliminar, en el marco de la justicia penal internacional, en relación a la posible comisión de crímenes contra la humanidad en Venezuela”


 

¿Qué querés decir cuando sostenés que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha?

Eso. Que los derechos humanos forman parte de una ideología propia, extraordinaria, magnífica, que incomoda a los gobiernos y que ha incomodado tanto a la derecha como a la izquierda. El ejemplo de Venezuela es muy claro, y yo te puedo hablar de Guatemala, de El Salvador o de Brasil, es decir, de gobiernos de derecha en los cuales hay situaciones graves de violaciones de derechos humanos. No me parece que sea adecuado encasillarlos bajo una ideología de partido político tradicional, más allá de que por supuesto es algo muy ideológico, pero tienen una ideología propia, que hasta donde yo sé, es la mejor que conozco.

Igualmente, en la teoría, ¿no hay un tratamiento distinto de los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, por parte de las derechas y las izquierdas? La izquierdas tienden a decir que tienen que estar garantizados por el propio Estado y las derechas, en cambio, sostienen que la satisfacción de esas necesidades debe llegar por el libre desarrollo de las fuerzas del mercado.

Tienden a decir, pero ninguna de las dos posturas es cierta. De hecho, un buen ejemplo de garantía de derechos económicos, sociales y culturales son los países nórdicos, que no son precisamente de izquierda. Además, los Estados tienen que garantizar a todos los derechos: civiles; políticos; económicos; sociales y culturales. Para eso son Estados, y si no, que se dediquen a otra cosa. No tienen por qué hacerme elegir a mí qué derecho quiero que me garanticen. El Estado está para garantizármelos todos. Después, el signo político que tenga es un problema del Estado, no mío.

¿No crees que hay un cierto déficit de legitimidad en los comités controladores de los pactos? En el sentido de que hay un vínculo menos estrecho con la población de los países a los que controlan, en comparación a las justicias internas de esos países. Sobre todo si lo pensamos en términos de designación y remoción de funcionarios.

Ambos sistemas, los internos e internacionales, tienen ese tipo de problemas. Pero yo honestamente pienso que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (y creo que eso refleja el funcionamiento de todos los comités) debería estar compuesto por expertos e independientes. Algunas personas lo son, otras son expertas no tan independientes, otras son independientes no tan expertas, y hay quienes no son ni expertas ni independientes, pero el conjunto sí forma un cuerpo independiente y experto. Quienes tienen experticia e independencia asumen liderazgo, ya que es muy difícil discutirles en términos de teoría y aplicación de derechos. Las personas que están mejor formadas y no dependen de nada tienen mucha más libertad para llevar adelante las peleas que tienen que llevar. El resultado del trabajo de esos órganos de monitoreo es entonces muy solvente, sólido. Es experto e independiente. En ocho años, no he visto un solo caso en el cual un gobierno al que se le haya indicado algo en alguna de las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos haya podido desvirtuar ni un párrafo.

Es sólido el trabajo que surge…

Es muy sólido, claro. No refleja todo lo que pasa porque no necesariamente toda la información llega, pero lo que llega y se vuelca es efectivamente así. Después, no dejan de ser órganos integrados por humanos, entonces pueden funcionar de una manera más falible o menos falible, dependiendo de muchas cosas, entre otras, incluso, de errores de torpeza o falta de atención que pueden existir en cualquier persona en cualquier momento. Pero eso no quiere decir ni mala fe, ni falta de independencia, ni imparcialidad.

En relación a los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿cuál fue el impacto internacional que tuvo el proceso argentino?

Fue una cosa extraordinaria. Argentina inició un proceso inédito, en ese sentido, de la recuperación de la democracia. Fue de un gran valor, y sirvió para otro Estados que han pasado situaciones similares y han intentado replicar el proceso argentino. Fue de gran valor eso y luego la anulación de las leyes de impunidad y la recuperación de los procesos de juzgamiento y condena de responsables de crímenes contra la humanidad. Es un gran ejemplo. Los gobiernos muchas veces intentan decir que para estas cosas hay que seguir los ejemplos de impunidad, y hay otros buenos ejemplos… Argentina es un buen ejemplo. Entonces, lo que habría que seguir es el ejemplo que mejor garantiza derechos. En un mundo en el cual una persona que roba un celular pasa dos años preso, que quien cometió una masacre se vaya a su casa es un poco insólito.

 


“La Corte debería cambiar la naturaleza de la obligación de investigar las desapariciones forzadas, hacia una obligación de resultados y no de medios”


 

¿Cuál creés que es la responsabilidad de los Estados ante la violencia de género?

Toda. El Estado tiene el deber absoluto de la debida diligencia y de prevención, y no se hace lo suficiente en ninguna esfera. En un mundo en el cual las mujeres no pueden decidir siquiera sobre sus proyectos de vida o sobre su propio cuerpo, es absurdo decir que los Estados están haciendo lo que tienen que hacer. Falta mucho por hacer en esa materia, y el mundo no se podrá llamar justo hasta que las mujeres no tengan igualdad de derechos en teoría y en la práctica con los hombres.

¿Cómo evaluás las rispideces que hubo entre la Corte Suprema argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno al fallo Fontevecchia en 2017? ¿Por qué creés que tuvo esa reacción?

No sé exactamente por qué tuvo esa reacción. Fue una decisión ridícula y vergonozosa, incluso por la manera en que está escrita. A mí me hubiera dado vergüenza formar parte de un tribunal que haya escrito semejante cosa. El fundamento esgrimido por la Corte no supera el test más básico de derecho internacional. Y esto escrito por personas que integran el tribunal más alto de un país es algo muy preocupante. Finalmente, cuando un órgano del Estado decide no avanzar en el cumplimiento de una decisión de un órgano internacional de derechos humanos, solo es legítimo cuando a través de su decisión garantiza más los derechos. Si no, falla en su función, que es la de garantizar los derechos humanos. Y eso incluye a todos los poderes. No sé cómo la Corte Suprema pensó que no es un poder del Estado.

Última: ¿puntos a ajustar en el sistema interamericano de derechos humanos?

Yo creo que la Corte Interamericana realmente hace un trabajo extraordinario, que va a la vanguardia en muchos aspectos. Pero hay que pedirle más, y pedirle más implica exigirle más firmeza en cuanto a la determinación de los estándares que los Estados deben cumplir en materia de derechos humanos; más precisión en las garantías de no repetición; más profundidad en el abordaje de género… La Corte debería cambiar la naturaleza de la obligación de investigar las desapariciones forzadas, hacia una obligación de resultados y no de medios. Debe también decir, ya sin miramientos, que obligar a una mujer a llevar un embarazo contra su voluntad es una violación del derecho a la integridad; es un trato inhumano y degradante y por ende se está violando un derecho inderogable de las mujeres cuando existen leyes que prohíben la interrupción voluntaria del embarazo. Debe dejar en claro –a mi juicio- que en aquellos regímenes que tienen establecidas como sanciones penales la reclusión o la prisión, las penas por crímenes de lesa humanidad no pueden ser diferentes a la reclusión o a la prisión. Esta alternatividad de penas en función de proyectos de paz habría que preguntarse a la paz de quién responde… Sin dudas no a la de las víctimas. La Corte tiene que continuar el extraordinario trabajo que está haciendo en materia de derechos económicos, sociales y culturales a través de su jurisprudencia, y profundizar la muy valiente jurisprudencia en materia de no discriminación indígena. Y finalmente continuar en materia de pueblos indígenas. La Corte se ha convertido en el tribunal que mejor garantiza los derechos a pueblos indígenas, aunque el Pacto de San José de Costa Rica no los mencione ni una vez, y los trabajos preparatorios tampoco. Lo cual muestra que cuando un órgano no garantiza derechos humanos es porque no quiere, no porque no puede.

 

*El entrevistado es abogado (UNLP), presidió el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y actualmente se desempeña como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y profesor en la Universidad Nacional de La Plata.

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