Será Ley: claves del nuevo proyecto que llega al Congreso

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Opinión | Por Antonella Bormapé |

 

Hace un año que bajo el impulso de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación federal que nuclea el reclamo por esta demanda, logramos que por primera vez después de 13 años, se debatiera en el Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (I.V.E). Se trató del proyecto de ley más discutido de la historia de nuestro país, con más de setecientas expositoras y expositores en cuatro meses de debate.

No obstante, tras lograr la media sanción en Diputados, fue en la madrugada del mes de agosto y tras un extenso debate, que dicho proyecto fue rechazado por 38 votos en contra reunidos por senadoras y senadores de Cambiemos, el PJ Federal y uno del kirchnerismo, contra 31 a favor.

A pesar de ello, todo ese día indicaba que ya no había vuelta atrás: en las afueras del recinto, miles de personas ya se habían adueñado de las calles a pesar del frío y la Plaza del Congreso era poblada por la demanda popular. La multitudinaria movilización demostró una participación política inédita, sobre todo de parte de las juventudes. Esa noche, las mujeres ganábamos las calles y el tratamiento de la ley traspasó el edificio legislativo siendo no solo político, sino también social.

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Este proceso, dio inicio a la “marea verde” en la Argentina y el mundo, demostrando que el aborto legal, seguro y gratuito es una demanda popular y masiva, y que forma parte
de los reclamos históricos del movimiento feminista que se manifiesta de forma coordinada, territorial, transversal, política e intergeneracionalmente.

Hoy, 28 de mayo y casi un año después, en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Campaña vuelve a presentar por octava vez un nuevo proyecto, modificado con lo aprendido durante el debate parlamentario del año pasado y con algunos cambios en la redacción para evitar discusiones que ya fueron saldadas en el debate anterior, con el objetivo principal de ampliar el apoyo a la iniciativa.

Dando cuenta de ello y de la ampliación de la transversalidad de apoyos, las primeras quince firmas son de Brenda Austin, Carla Carrizo, Victoria Donda, Mónica Macha, Romina del Pla, Carolina Moises, Cecilia Moreau, Araceli Ferreyra, Monica Schlotthauer, Mayra Mendoza, Silvia Lospennato, Daniel Lipovetzki, Daniel Filmus, Nicolás del Caño y Hugo Yaski, abarcando un arco partidario notablemente amplio.


“Con este nuevo proyecto, que abraza una perspectiva en derechos humanos y feminista, incorpora a la ESI y armoniza con la Ley de Identidad de Género, la marea verde vuelve al Congreso”


Sin embargo, las lógicas parlamentarias en años electorales son difíciles en general, más allá del tema de la I.V.E, y desde la Campaña se entiende que los tiempos políticos son impredecibles, debiendo crearse las condiciones para que la política avance. Esperan que la iniciativa sea “tratada y aprobada” pese al revés legislativo del año pasado, y aún advirtiéndose que influirá la campaña electoral, los sectores que impulsan la legalización del aborto volverán a insistir, nuevamente con el acompañamiento de acciones federales simultáneas que se darán en más de cien ciudades del país, y apoyados por pañuelazos y concentraciones en diversas partes del mundo.

 

LAS MODIFICACIONES 

Como consecuencia de los debates que se dieron en el 2018, surgieron una serie de modificaciones en el proyecto original. Sin embargo, hay una base que permanece: el plazo para que pueda ser realizado un aborto sigue siendo solo durante las primeras 14 semanas de gestación, y, luego de ese plazo, si corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación.

Cuerpos gestantes –   No obstante, el artículo que hace alusión a dicho plazo, ya no referirá solo a las mujeres sino también a “otras identidades con capacidad de gestar”, reconociendo como sujetos de este derecho a todos los cuerpos gestantes.
Esta modificación se dio en el marco de la ampliación de derechos respecto del reconocimiento y respeto de la identidad de género de cada persona, entendida como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento”.

Objeción de conciencia –   Otra de las novedades contempladas en el texto es que no se incluye la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, un punto que fue clave en la discusión para garantizar votos a favor de la iniciativa durante su debate en el Congreso.

Malformaciones fetales –   Además, se eliminó la causal de las “graves malformaciones fetales”, dando lugar a los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.

Despenalización –   En cuanto a la despenalización, el proyecto es más que claro: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14, inclusive, del proceso gestacional”. En la misma línea, añade que “la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere que otro se lo causare en ningún caso será penada”. También establece que se debe garantizar la práctica dentro de los 5 días de su requerimiento y debe estar cubierta  en hospitales, obras sociales y prepagas.

Educación Sexual Integral –   El texto modificado incluye, además, un artículo que reafirma las obligaciones del Estado sobre el dictado de la ESI y prevé que las mujeres reciban información, acompañamiento y métodos anticonceptivos.


Con este nuevo proyecto, que abraza una perspectiva en derechos humanos y feminista, incorpora a la ESI y armoniza con la Ley de Identidad de Género, la “marea verde” que nunca se fue sino que, por el contrario, creció exponencialmente entre un año y otro, vuelve al Congreso con el convencimiento de que el reconocimiento del derecho al aborto en leyes e instituciones es la gran deuda de la democracia para con las mujeres y personas con capacidad de gestar en la Argentina, porque la demanda de una práctica de salud no puede devenir en violencia institucional, punición, estigmatizaciones o amenazas de encierro.

La transformación hacia una sociedad más democrática y plural requiere compromiso político con un Estado laico e igualitario que haga efectivas las demandas populares y que garantice nuestros derechos.  El Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se enmarca en el respeto a la decisión responsable, en la justicia social y en la perspectiva de derechos humanos.  

 

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