Venezuela en el laberinto de la transición

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Opinión | Por Ramiro Albina |

En este artículo vamos a partir de un hecho básico: la situación de crisis humanitaria y autocratización del poder político en Venezuela. Reconocer esta situación no es algo que requiera un esfuerzo intelectual importante, pero, sin esa premisa, el tema del que trata esta columna no tendría sentido. Por lo tanto, no es de interés en este caso discutir con aquellos que niegan la situación venezolana con un discurso vergonzoso y desde hace mucho tiempo distante de la realidad (un intento modesto en este sentido lo intentamos en un artículo anterior). Tampoco nos interesa plantear una discusión en términos de izquierda-derecha. La utilización de estas categorías no tiene demasiada relevancia cuando lo que está en juego es una disyuntiva entre democracia y autoritarismo. Quienes creemos en la democracia en sí misma podemos tener preferencias inclinadas hacia uno u otro lado, pero siempre preferiríamos un gobierno democrático de signo ideológico contrario antes que uno autoritario de los “nuestros”.

Venezuela volvió a ser noticia el 30 de abril cuando en la madrugada se conoció un video de Juan Guaidó (Presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como Presidente Encargado por alrededor de 50 países) junto al dirigente Leopoldo López (quien se encontraba en prisión domiciliaria), anunciando el comienzo de la “Operación Libertad”. Finalmente, este no logró el apoyo militar esperado, la movilización opositora fue reprimida, y López terminó refugiado en la Embajada de España. Maduro logró una vez más aquello en lo que más éxito ha demostrado tener: durar.

En esta capacidad del gobierno de aferrarse al poder, bloqueando paulatinamente los canales de acceso legítimos, hay una responsabilidad de parte de los gobiernos de la región que han permitido, y en algunos casos avalado, que la situación venezolana llegue a este punto límite. La retórica de integración regional y la conformación de esquemas de cooperación no lograron (o no quisieron lograr) evitar la creciente autocratización del poder en Venezuela, a pesar de las alarmas que se venían encendiendo desde hace tiempo. Esta incapacidad o falta de voluntad tuvo dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, transformó lo que en un principio era un problema de política interna en una pieza más dentro del ajedrez geopolítico mundial. En segundo lugar, al mirar para otro lado mientras el gobierno venezolano se tornada cada vez más autoritario, violando derechos humanos y viéndose implicado en graves casos de corrupción y narcotráfico, los costos de abandonar el poder aumentaron enormemente. En una democracia competitiva, la derrota electoral del oficialismo significa solamente pasar al llano durante un tiempo, esperando por volver al gobierno. Pero cuando lo que está en juego en una derrota es la prisión o la vida, esta deja de ser una opción para quienes corren ese riesgo.

Sin embargo, algo puede estar cambiando desde el 30 de abril. Esta pequeña fractura en un sector de las Fuerzas Armadas (algo que no había sucedido anteriormente), junto con la profundización de la crisis económica y de los servicios públicos esenciales, hacen muy difícil pensar que el gobierno pueda volver a la situación hegemónica de años atrás. Por lo tanto, se habla cada vez más, y con un poco de optimismo, sobre la posibilidad de que finalmente se avance en una transición (incluso hay trascendidos sobre posibles negociaciones secretas). Hay que ser precavidos en este punto ya que quizás sería un error pensar la salida venezolana en términos del esquema de transiciones de décadas anteriores. El autoritarismo venezolano es uno de nuevo tipo. No es un régimen surgido de un golpe de Estado encabezado por un grupo de militares que se quedan en el poder por tal cantidad de años, sino que fue producto de una lenta descomposición de las instituciones democráticas desde el interior de las mismas por un partido con control militar (debate que se avivó recientemente con la publicación de “Como mueren las democracias” de Steven Levitsky y  Daniel Ziblatt). Este hecho, sumado a un contexto global cuyas condiciones no son las más favorables para las democracias, hace que las soluciones de manual recetadas puedan no garantizar necesariamente el éxito.

No hay nada que asegure que el gobierno no vaya a triunfar en su empresa de mantenerse con uñas y dientes en el poder (hablamos de gobierno y no solamente de Maduro, ya que también existe la posibilidad de una transición dentro y no de régimen). En este sentido, el desafío principal de la oposición es generar las expectativas y condiciones para una oferta transicional que pueda quebrar a la coalición dominante del gobierno, hoy sostenida fundamentalmente por el apoyo de los principales mandos militares. Una transición lo más pacífica y al menor costo social posible sólo puede ser el resultado de una negociación. Sin ella difícilmente se podrá salir de una situación en la que ningún bando puede imponerse definitivamente sobre el contrario.

En caso de que la oposición logre sumar cada vez más voluntades militares, en un contexto de suma cero, donde encontrarse del lado de los perdedores tiene costos altísimos, abdicar en la negociación y apostar a una estrategia de a todo o nada, generaría la posibilidad real de un enfrentamiento armado. En ese escenario, que hoy no es el más probable, los costos sociales serían incalculables y podríamos despedirnos del Estado venezolano. Esto significa que, sin una derrota militar (la única forma en la que pueda haber un castigo masivo a todos los responsables), la transición solo es posible pactando, ya que la certeza del castigo hace que desaparezca cualquier incentivo para abandonar el poder. En el contexto de una transición, el castigo de los crímenes cometidos por un régimen autoritario es ciertamente el tema más difícil. Se trata de esas situaciones en las que lo es deseable entra en tensión con lo que es viable.

Nada de esto será posible sin una fractura en los mandos militares que obligue al gobierno a sentarse en una mesa de negociación en serio (no las farsas que ha venido planteando el oficialismo para ganar tiempo), y sin una unidad opositora que se agrupe en torno a una estrategia viable en la práctica y una comunidad internacional que acompañe firmemente este proceso (para lo cual podría ser de gran utilidad un país como Cuba jugando un rol de “intermediario”). Si se abre esta posibilidad, donde los más moderados de ambos bandos deberían ser quienes la lideren, tendrá que asegurarse que la transición sea estable y dure en el tiempo mediante una estrategia conjunta, con un manejo responsable de las expectativas, y un difícil consenso acerca del límite hasta el cual pueden llegar las amnistías y los castigos. Una transición que permita al nuevo régimen consolidar su legitimidad y reconstruir una sociedad fracturada, marcada por un éxodo masivo y años de profunda división política, junto con una capacidad productiva destrozada.

Por lo tanto, para plantear las posibles alternativas de transición primero deben darse las condiciones de su posibilidad. Otro escenario posible, es aquel en que los sucesos del 30 de abril sean utilizados como la excusa perfecta para intensificar la persecución de opositores. En esta dirección, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó enjuiciar a siete diputados y la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, ahora con prisión preventiva en una cárcel militar. Si el gobierno logra mantener el apoyo militar, los riesgos de una radicalización de la dictadura venezolana son altos y su permanencia en el poder no estará en verdadero peligro.

* El autor es estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires

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