La Justicia Penal bajo la lupa: entrevista a Ezequiel Kostenwein

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Por Tomás Allan |

 

Matices, datos y problematización: tres notas características en las respuestas de Kostenwein, que reacciona rápido a las preguntas para salir de los lugares comunes en los que suele caer mucha gente, incluso de los sectores progresistas, a la hora de pensar la cuestión penal.

Ezequiel se graduó de abogado en la Universidad Nacional de La Plata y realizó una maestría en Criminología en la Universidad Nacional del Litoral y un doctorado en Ciencias Sociales, también en la UNLP. Actualmente da clases en ambas universidades y es investigador del CONICET.

El uso de la prisión preventiva, el abolicionismo penal, la institución carcelaria y el rol de los medios de comunicación en el funcionamiento de la Justicia Penal son algunos de los temas sobre los que Ezequiel se dispone a responder con precisión en esta entrevista, en la que aprovecha para señalar la necesidad de contar con más datos para comprender mejor estos fenómenos sociales.

 

Ezequiel, ¿querés contarnos brevemente sobre alguna de las últimas investigaciones que hayan desarrollado en el área de Sociología de la Administración de la Justicia Penal de la UNLP? Que según entiendo es el espacio que coordinás allí…

Las estrictamente vinculadas a la Justicia Penal tienen que ver con las relaciones y las tensiones que existen entre esta última, las autoridades políticas y los medios de comunicación. Comenzamos analizando testimonios de los operadores jurídicos pero no nos parecía fructífero quedarnos solo con ello, así que la idea es problematizar esos testimonios, ver de qué forma se pueden reconstruir las miradas que tienen en el ámbito político y en los medios de comunicación sobre la Justicia Penal para compararlas o contrastarlas. En el último proyecto que presentamos incluimos también ONGs.

¿Tienen algunas conclusiones provisorias? ¿Qué percepción tiene la Justicia Penal de los medios de comunicación, y viceversa?

Hasta acá, nosotros lo que podemos decir es que justamente no hay una sola posición o una sola mirada por parte de los actores judiciales respecto del papel que tienen los medios de comunicación. Hay algunos operadores jurídicos que dicen que la prensa ejerce una influencia determinante en lo que pasa o en lo que se decide en la Justicia Penal. Hay otros operadores jurídicos que dicen que puede haber condicionamientos pero que está en cada uno de los actores judiciales ponerle un límite a ese supuesto avasallamiento. Y después están quienes plantean que son los mismos actores judiciales los que utilizan a los medios de comunicación como una excusa, como un pretexto para no cumplir con las tareas que deberían cumplir; siempre marcando que si ellos hicieran lo que tendrían que hacer podrían verse señalados o estigmatizados por los medios. Entonces, para sintetizar: hay una imagen variada de la Justicia Penal respecto del rol de la prensa. Y cuando uno ve o trata de recuperar diferentes notas de la prensa, sobre todo de la prensa escrita, según los medios, según la línea editorial, según las o los periodistas, lo que uno advierte es que a veces hay una caracterización de que la justicia penal es efectivamente lenta, o que es clasista porque persigue a ciertos grupos vulnerables, o que es “abolicionista” porque tiende a ser muy benevolente con el trato de algunas personas que cometen delitos graves; están quienes consideran que la Justicia sigue siendo una institución sumamente elitista… Hay una pintura muy heterogénea de lo que los medios en general y la prensa escrita en particular ofrecen respecto del funcionamiento de la Justicia Penal. Y esto no es menor, porque en muchos otros trabajos que uno puede chequear tienden a buscarse enfoques monolíticos, como que los medios arrasan sobre la Justicia Penal, o que la Justicia Penal se comporta de una manera totalmente displicente… Y lo que uno ve aquí es que hay matices.

Has escrito mucho sobre el uso de la prisión preventiva, ¿qué podrías decirnos sobre su utilización en la actualidad? ¿Compartís la preocupación de cierta parte de la doctrina en relación a que hoy se recurre excesivamente a este instituto?

Bueno, primero -y no es nada alentador esto que voy a decir-, en concreto no sabemos si en general se usa de manera excesiva, abusiva o indiscriminada porque no tenemos la forma de confirmarlo. Se suelen hacer inferencias que no son del todo correctas. Por ejemplo, en la actualidad hay en la provincia de Buenos Aires aproximadamente un 55% de personas que están condenadas y un 45% que están bajo prisión preventiva. Decir esto puede causar conmoción, pero lo cierto es que para poder afirmar que la prisión preventiva se usa de manera indebida o excesiva, lo que tenemos que saber es, teniendo en cuenta las investigaciones penales que hay en curso, cuántas prisiones preventivas se solicitan, cuántas se conceden y cuántas se deniegan, y eso lamentablemente hoy no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hay criterios laxos y poco control sobro todo respecto de las instancias de investigación (juzgados de garantías, fiscalías y defensorías). Digamos, se suelen hacer deducciones -sobre la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación- con poco sustento empírico. Esto también tiene que ver con las propias prácticas que se van sedimentando en la institución. La institución te va sugiriendo, te va recomendando qué es lo que conviene y lo que no conviene hacer. Una de las cosas en que la Justicia Penal va informando y educando a las personas que trabajan allí es que la prisión preventiva es mejor pedirla y concederla que denegarla o rechazarla, porque las consecuencias que puede llegar a traer si uno deniega o rechaza esa prisión preventiva, y esa persona comete luego un delito, pueden llegar a ser muy nocivas para el actor judicial.

¿Y qué otras razones pueden movilizar a los actores judiciales a pedir y otorgar una prisión preventiva?

Te puedo mencionar tres elementos. Hay más, pero quizás los más significativos que yo logre detectar son, primero, dos componentes que podríamos ligar: la motivación y el control. El elemento de la motivación es que parece que en el Poder Judicial hay cierta tendencia a que las personas que allí trabajan se guíen por criterios utilitaristas, o que solo tengan en cuenta sus ventajas personales. En ese sentido, quienes se desempeñan allí en la Justicia Penal pueden creer que en un caso determinado no es lo más aconsejable solicitar y conceder la prisión preventiva, pero teniendo en cuenta que a ellos más les preocupa seguir creciendo en esa institución, terminan cediendo frente a esas demandas (llamémosle “invisibles”) de la institución. Después, de lo que carece la Justicia Penal es de un control, de un monitoreo, de que quienes por ejemplo solicitan o conceden la prisión preventiva de manera irregular tengan algún tipo de consecuencia nociva si lo han hecho así. Esto muy raramente ocurre. Entonces, si uno concede la prisión preventiva aunque no esté bien, no hay consecuencias negativas. Ahora, si se pide la prisión preventiva y no se concede o se excarcela, y algo ocurre como consecuencia de ello, hay efectos negativos para el actor judicial . Y después hay una suerte de, digamos, desencantamiento que parecen mostrar los actores judiciales respecto de la propia institución a la que pertenecen. De sus testimonios surge que la justicia penal en la que hoy trabajan es menos prestigiosa de la que existía cuando ellos comenzaron, por ejemplo hace 15 o 20 años atrás. Este fenómeno ellos lo perciben como resultado, entre otras cosas, de nombramientos mal organizados, por prebendas, por ventajas…. Que hace que quien llegue a la Justicia Penal no lo haga por capacidad o por sus méritos sino por tener el beneficio o el apoyo de otras personas.

comodoro py

 

Y esa percepción sobre el desprestigio que viene sufriendo la propia Justicia Penal, ¿ellos la ligan a algo estructural, a algo que tiene que ver con la propia organización por ejemplo del proceso de designación y remoción de magistrados? ¿O tiene que ver más con prácticas que se fueron desarrollando en los últimos años?

Es una conjunción de cosas. Hay dos grandes posturas. Están quienes sostienen que fue la misma Justicia Penal la que perdió cohesión interna y eso hizo que actores extrajudiciales empezaran a permear y a tener cierta influencia. Y después hay otro conjunto de actores judiciales que dicen que no, que la posibilidad de tener cada vez más gravitación de los medios y de las autoridades políticas ha sido por una reconfiguración de las relaciones de fuerza en general y que la Justicia no ha podido ponerle coto a ese nuevo equilibrio de poderes, y que eso ha resultado en una merma de poderes de la institución. Creo que los dos elementos deben tenerse en cuenta.

 


“Hay una pintura muy heterogénea de lo que los medios ofrecen respecto del funcionamiento de la Justicia Penal”


 

¿Cómo conviven las ansias de una parte significativa de la sociedad por castigar a los potenciales culpables de un delito con las garantías judiciales?

Bueno, en primer lugar hay mucha literatura que se encarga de ver cuál es el punto de partida de la necesidad de castigo de la sociedad respecto de los individuos que trasgreden normas sociales en general y jurídicos-penales en particular. Por lo pronto y para hacer un primer acercamiento… Yo tiendo a creer que hay dos movimientos: por un lado el visceral o instintivo de las personas, que es el de buscar condena, sanción, severidad frente a un caso delictivo. Es decir, buscar una pena lo más fuerte posible para aquella persona que está siendo ni siquiera condenada sino señalada como eventual culpable de un delito. Y después, cuando a esas mismas personas o a la comunidad en general se la saca de esa situación de ebullición, muchas veces tiende a ofrecer otros elementos que complejizan o problematizan la situación que dio origen o que motivó el delito (surge la idea de que a la persona que delinquió se le ha reducido el margen de posibilidades, la idea de que previamente ha sido vulnerado en sus derechos fundamentales… Se le da un contenido social al problema).

¿Qué es la selectividad penal? ¿Hay evidencia empírica que soporte la afirmación de su existencia?

En términos muy sencillos, supone que en la persecución de los distintos tipos penales lo que existe es una sobrerrepresentacion de personas de bajos recursos, que son perseguidas, reprimidas y condenadas respecto de otras clases sociales que cometen igual o más cantidad de delitos y sin embargo pueden eludir o evitar los brazos o las manos del sistema penal. Digamos, que no es ecuánime, que no es proporcional la represión de los diferentes tipos de delito. Si uno entra a cualquier prisión de Occidente se va a encontrar con algo así. ¿Cómo se comprueba esto? A través de informes del Servicio Penitenciario. Cuando uno estudia esos informes ve que la mayoría de la gente que ingresa a la cárcel no tiene trabajo, o tiene un trabajo precario, un escaso nivel de instrucción… También la edad: la mayoría de las personas que ingresan son menores de 35 años.

Y esta selectividad, ¿creés que tiene origen en el accionar de las fuerzas de seguridad al perseguir los delitos, o lo tiene en otro lugar como puede ser en la propia sanción de las leyes o en la misma organización del sistema penal?

Es probable que todo eso que decís incida. Por un lado, las fuerzas policiales con las que contamos están entrenadas y capacitadas para perseguir determinados tipos de delitos y no otros (y no todos), y justamente esos delitos son los que cometen las personas con menores destrezas. Y por otro lado, también es cierto que cuando se han generado cambios en las normas -procesales y de fondo- se ve un cierto sesgo. Pero no querría dejar de decir que el accionar policial no deja de ser convalidado sistemáticamente por la misma Justicia Penal. Es decir, las tareas de investigación que en principio las tenían que desarrollar las fiscalías, las termina haciendo de hecho la policía. Después, hay un montón de razones por las que eso ocurre…

¿Cómo calificarías el estado actual de las cárceles argentinas en general y en la provincia de Buenos Aires en particular?

 Yo creo que no son todas las cárceles lo mismo y que además, sobre todo las más grandes, son muchas cárceles hacia su interior. Pero como respuesta general te diría que son muy malas, que no ayudan a que las personas que están allí dentro puedan lograr un compromiso eventual para estudiar, para trabajar… Mas bien favorece a que muchas de las personas que están ahí, y son violentas, se transformen en más violentas. Hay una frase muy conocida que dice que si alguien se reeduca o se resocializa no es “por” la cárcel sino “a pesar” de la cárcel.

Volviendo un poco al tema de la prisión preventiva… Uno podría decir entonces que no sólo se somete a condiciones deplorables de vida a personas condenadas por algún delito sino incluso a aquellas que no han sido halladas culpables de algo aún…

Sí, y eso tiene, además del problema del hacinamiento, una contradicción. Porque teóricamente una persona que está en la cárcel tiene que tener un diagnóstico, un tratamiento, pero para que ese tratamiento se lleve adelante lo que mínimamente se debe saber es qué delito cometió; y de las personas bajo prisión preventiva ni siquiera se puede hacer eso, porque son inocentes. Están en una especie de limbo, no solo jurídico sino también de la propia institución carcelaria.

 


“Si se pide la prisión preventiva y no se concede, y algo ocurre como consecuencia de ello, hay efectos negativos para el actor judicial “


 

¿Qué se propone la criminología crítica? ¿Con qué corrientes discute y qué discusiones tiene en su interior?

Se la suele definir como un movimiento dentro del cual hay tres grandes teorías: el minimalismo penal (no es lo mismo pero a veces se lo asocia con el garantismo penal), el realismo de izquierda y el abolicionismo penal. ¿Qué es lo que une estos tres enfoques? Que tienen una mirada no del todo convencida de que la función de la policía, de la justicia penal y de la cárcel sea la que habitualmente se les adjudica (garantizar el orden, asegurar la armonía de la sociedad…) sino que tienen el papel de consolidar un statu quo; que las relaciones actuales que favorecen a algunos y perjudican a otros se mantengan y se naturalicen, se vean como parte de una realidad “ancestral” que no tendría por qué ser discutida. Lo que sucede es que estas tres columnas teóricas tienen presupuestos distintos. Los sintetizo al extremo: el minimalismo penal considera que la respuesta por parte del sistema penal tiene que ser restringida al mínimo indispensable, que eso es también otra discusión (¿cuál es el mínimo indispensable?). El realismo de izquierda plantea que hay que evitar el idealismo de izquierda -que se lo podría asociar con parte del abolicionismo penal- y el conservadurismo de derecha, para discutir el problema del control del delito. Propone pensar en el célebre cuadrado del delito: las relaciones que existen entre el delincuente, la víctima, el Estado y la sociedad (por ejemplo, pensando cómo la sociedad contribuye a la comisión de delitos -¿la sociedad compra los objetos que los delincuentes obtienen a través del delito?-, o analizando si la relación entre víctima y delincuente se da entre personas de la misma clase social o es interclase…). El abolicionismo penal (lo que más me ha interesado) no tiene una sola perspectiva pero podríamos englobarlo en la idea de que el sistema penal es un problema que no aporta soluciones sino que profundiza las inequidades ya reinantes. En ese sentido, están aquellos que consideran que lo que hay que desmontar es fundamentalmente la cárcel, y están aquellos que sostienen que lo hay que reconfigurar es la manera de gestionar los conflictos y que el sistema penal en general debería dejar de existir, y que se diriman los problemas a partir de otros criterios.

¿Es posible el abolicionismo penal?

Hoy la cárcel se termina volviendo la respuesta única a muchos problemas diferentes. En lo que yo confío es en la posibilidad de que se den debates sobre cuáles son las mejores opciones o herramientas para resolver estos dilemas. Si, por ejemplo, como parte del abolicionismo considera, hay que empezar a definir las cosas de otra manera porque justamente en el vocabulario es donde la lógica penal más se instala; entonces, no hablar de “delito”, porque eso ya presupone que hay una víctima y un victimario, sino de “situaciones problemáticas”, y ahí ver cuáles son los individuos que han participado, cómo… Son discusiones complejas y procesos largos, en donde además hay que lograr un involucramiento. Es decir, que aquello que supone el problema del castigo empiece a tener más relevancia de la que tiene ahora; que no quede en manos de los expertos. Yo no creo, y además no creo que sea saludable, que esto drásticamente se modifique, pero sí confío y deseo que suceda. Creo que hay que elaborar nuevos lazos que eviten el atajo punitivo, que nos obligue a no ver en la respuesta penal la única respuesta. ¿Eso es factible? Yo creo que sí y creo que es necesario.

 

La nota fue originalmente publicada en el primer número de la Revista FOJUDE Digital y sufrió algunas modificaciones para la presente republicación.

*El entrevistado es abogado (UNLP), magister en Criminología (UNL) y Doctor en Cs. Sociales (UNLP). Actualmente se desempeña como investigador asistente del CONICET y docente de Sociología Jurídica en la UNLP. También dicta clases en la maestría de Criminología de la UNL.

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