El cierre del año, “palo y afuera”

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Por Gregorio Rodríguez Ferro |

 

En el ultimo año, como nunca se había podido lograr, se avanzó en el Congreso sobre la reforma a la Ley de Semillas (20.247), que desde 2012, año en que se trato por primera vez, habían sido incipientes los intentos de actualizarla. Entrado el 2018, en el marco de una serie de cambios impulsados por el gobierno entre los que se incluyó el cambio de nombre al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca a Ministerio de Agroindustria, y el nombramiento como ministro de dicha cartera a Luis Miguel Etchevehere (ex presidente de la Sociedad Rural), fue tomando mayor relevancia. Con sus idas y vueltas, la reforma logró tener el apoyo del oficialismo, con el “auspicio” de la mencionada Sociedad Rural Argentina (SRA), la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID) y el CONINAGRO, principales actores del agro a nivel nacional. La Federación Agraria Argentina (FAA) es el principal opositor a la reforma, mientras que el CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) se paseó, en medio de mucho lobby y negociaciones, entre posturas de aceptación y rechazo. El cierre del año terminó dejando en agenda seguir tratando el tema al inicio de las sesiones en el 2019.

Y la ley, ¿de qué trata?

La ley de semillas actual, que data de 1973, abarca toda la cadena de producción de las semillas: producción propiamente dicha, certificación y comercialización. La reforma busca actualizar la ley al convenio UPOV 91, donde avanza en varios aspectos.

En primer lugar, en cuanto a las formas de reconocer la propiedad intelectual. El reconocimiento de estos derechos sobre las semillas se concreta de dos maneras: mediante el derecho al obtentor (DOB), por un lado, y las patentes de invención, por otro. El derecho de obtentor es otorgado a aquelles que producen una variedad mejorada de la semilla agrícola para explotarla con exclusividad, pero no alcanza al producto obtenido por lo que le productor/a paga ese derecho solamente al momento de adquirir la semilla. Por otro lado, las patentes de invención son derechos que le otorga el Estado a una invención (no a un descubrimiento); es decir, a un producto o procedimiento que aporta una nueva forma de hacer algo. En el caso de las semillas, este derecho abarca al producto en sí mismo y a las sucesivas generaciones del mismo, por lo que le productor/a debería pagarlo no solo al momento de adquirirlo, sino luego de la cosecha y sus posteriores resiembras.  Actualmente la ley contempla solamente el DOB pero no las patentes, derecho que se busca incorporar en la actual reforma.

El hecho de ampliar la propiedad intelectual a las patentes de invención puede significar un riesgo muy grande, no solo para les agricultores, sino para todes. Por un lado, les agricultores pasan a ser condenades por el hecho de cosechar y sembrar su propia semilla, práctica que se realiza desde los principios de la humanidad, si no pagan las “regalías” por la utilización de esas semillas patentadas. No es muy difícil darse cuenta quiénes serían los actores que pueden generar esas patentes y así cobrar esas regalías, ya que vienen siendo los mismos que desde la revolución verde se vienen apropiando de la manera de producir y generar mercancías y commodities en el agro, en vez de alimentos. En otro plano de debate, surge la pregunta de si es moral y éticamente correcto hablar de “patentes” sobre las semillas, que básicamente son seres vivos. El hecho de patentar vida como si fuera mercancía deja en evidencia los valores y principios del destino al que apunta el sistema productivo de alimentos.

No se aclaran muy bien en la ley los procedimientos para registrar esas semillas, ni se habla de algún acompañamiento o asesoramiento técnico a les pequeñes productores o comunidades campesinas que vienen haciendo un proceso de recolección y siembra de semillas ancestral. Lo que sí resulta fácil deducir es que las empresas líderes en el agro tienen vía libre para patentar sus semillas “mejoradas” y avanzar sobre las demás.

A su vez, se pretende avanzar en la fiscalización y registro de las semillas, con el INASE (Instituto Nacional de Semillas) como ente regulador. Se busca realizar un registro de las semillas y aquellas que no se encuentren registradas pasarán a ser denominadas como “semillas clandestinas”. Toda semilla que no esté registrada (o sea “clandestina”), habilita la función “policial” del INASE, que podrá intervenir a le productor/a que posea esa semilla mediante las fuerzas de seguridad y sin necesidad de intervención judicial, esto es, dándole absoluto poder de maniobra.

La administración y dirección del INASE estaría conformada por un directorio de 12 personas, de las cuales 6 representan al sector privado, y las partes del sector público provendrían del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el Ministerio de Agroindustria, que poseen intereses bastante cercanos a los del sector privado, sin tener representantes de les pequeñes y medianes productores regionales de las vastas zonas del país, y ni que hablar de las comunidades campesinas, dando como resultado un cercamiento y homogeneización de la producción agropecuaria tendiente al avance de las principales reguladoras del mercado agropecuario.

protesta monsanto

¿Cómo nos impacta la ley?

Pero el impacto de la ley no es solo “tranqueras adentro”: repercute a les productores del agro y también nos afecta a todes como consumidores de alimentos. De avanzar hacia la reforma de la ley de semillas, se profundiza el modelo de alimentación tendiente a homogeneizar nuestra dieta alimenticia con cada vez menor diversidad de alimentos (les desafío a ir un supermercado y ver cuántos alimentos procesados, enlatados o industrializados no tienen soja o sus derivados), lo que aumenta la predisposición a enfermedades como el cáncer, diabetes u obesidad.

La diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un análisis realizado por el grupo de estudios Proyecto Económico, en el que afirma que de hacerse la reforma “se le garantizan 3.000 millones de dólares al año a Monsanto y se transfieren 13 mil millones de pesos por año del Estado a los grandes productores”. A su vez señala que el principal damnificado será “el Estado y los contribuyentes argentinos, ya que el proyecto de ley permite deducir del impuesto a las ganancias 1,5 veces los importes abonados en concepto de adquisición de semilla fiscalizada, lo que significa, en la practica, que el Estado pagará parte de las regalías de las multinacionales por 13 millones de pesos anuales, en un escenario de mínima”, y que “resulta harto factible que el sobrecosto de las semillas termine transfiriéndose al precio de los alimentos, con lo que repercute de manera directa en les cosumidores/as”. A esto se suma un trabajo presentado por la Federación Agraria Argentina (FAA), en el cual se afirma que de aprobarse la reforma de la ley, el costo de producción para les productores/as locales se encarecería en 600 millones de dólares por año, en al menos cinco años, lo que repercute de manera directa en el precio de los alimentos que pagaría le consumidor/a.

El avance de la Ley de Semillas implicaría un “guiño” del gobierno a las grandes empresas, como Bayer-Monsanto, que tienen un peso muy importante no solo a nivel nacional, sino mundial, y podría ser un factor importante a tener en cuenta en el 2019 que, como sabemos, es año electoral.

 

*El autor es estudiante de Agronomía en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

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