Ileana Arduino: “La formación con perspectiva de género es un requisito mínimo y urgente”

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Semanas atrás, el Tribunal Oral Criminal N°1 de Mar del Plata declaró inocentes a los acusados por el homicidio y abuso sexual de Lucía Pérez, la joven de 16 años cuyo rostro se convirtió en una figura recurrente en las manifestaciones y reclamos feministas.

Varias cosas del fallo llamaron la atención. En primer lugar, la absolución de los acusados. O mejor dicho: fueron condenados por delitos menores, relacionados al tráfico de drogas. En segundo lugar, los elementos analizados para determinar que efectivamente hubo consentimiento en las relaciones sexuales que mantuvieron Lucía y uno de los acusados. También la imagen de tres hombres juzgando un caso de femicidio que involucraba cuestiones como comprender el grado de autonomía real para prestar consentimiento que tenía Lucía. Y por último, la cantidad de referencias a la vida privada de la víctima.

Sobre el tema hablamos con Ileana Arduino, abogada con orientación en derecho penal y coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Feminismos y Justicia Penal de INECIP, donde vienen estudiando y trabajando temáticas como la perspectiva de género en el desarrollo de procesos judiciales y la posibilidad de encontrar respuestas más efectivas a las problemáticas de género desde el derecho penal.

Ya pasaron algunas semanas desde que se publicó la sentencia del caso de Lucía Pérez, la cual disparó una serie de discusiones e indignaciones para nada soslayables. ¿Cuáles te parecen las notas más salientes del fallo?

 Lo más saliente del fallo me resultó el apoyo o la centralidad que los prejuicios tienen en la fundamentación de la decisión. Si hubiera habido elementos para absolver, muchos de los que están considerados no tienen nada que ver con un juicio objetivo sino con la exaltación de una concepción prejuiciosa del costo que la autonomía puede tener para la vida de las personas.

 ¿Qué idea de consentimiento se desprende de la sentencia?

 La noción de consentimiento que se desprende del fallo es pobre, no explicita sobre qué doctrinas se apoya, y además construye consentimiento sobre la base de la historia sexual previa de la víctima, y eso es objetable desde el punto de vista de la calidad de la información, porque de lo que se trata es de juzgar lo que pasó en ese momento, no la vida previa de una persona y en función de lo que alguien especularmente, desde sus mensajes de texto, evalúa. Por ejemplo cuando se acredita que ella debió haber consentido una situación por unos mensajes de texto de 6 meses atrás… Ese prejuicio que informa el fallo no hay razón para escindirlo de la totalidad de la valoración, porque la valoración probatoria también es una valoración que está hecha por los mismos jueces que utilizaron esos prejuicios, y no hay motivos para pensar que fueron prejuiciosos en una parte del fallo pero que luego pudieron desprenderse de toda esa información estereotipada y sexista y abstraerse a hacer una valoración mínimamente objetiva.

¿Y en cuanto a la relación de subordinación? ¿Qué idea se desprende?

 Y en cuanto a la relación de subordinación, me parece que hay que poder comprender qué tipo de violencia sexista se desata en sociedades donde el régimen de género tiene el peso que tiene, porque en realidad si nosotros vamos a suponer que la violencia solo puede dirigirse a aquellos cuerpo que se expresan de acuerdo a lo que cultural y estereotipadamente se entiende como sumisión, tendríamos que afirmar que las personas que no responden a los estereotipos, o las mujeres que son “aventuradas” para la exigencia patriarcal de lo que una buena mujer debe ser, no podrían ser pasibles de ser victimizadas por este tipo de delitos. En cambio las investigaciones construidas desde la antropología y demás mas bien sugieren que no se trata de la asimetría por la asimetría misma sino de la violencia en auxilio de la reafirmación de un orden que precisamente aparece deafiado por quienes no se adhieren a conductas estereotipadas.

 ¿Qué papel jugaron los prejuicios y los estereotipos de los que hablabas antes en la resolución del Tribunal?

 Fueron determinantes. Informaron y atravesaron la totalidad de la decisión, con una cierta demagogia tendiente a posicionarla como una víctima reconocida. Es un fallo que cada cuatro párrafos señala “sin ánimo de juzgar la vida de la víctima…” para inmediatamente pasar a juzgar la vida de la víctima, con lo cual el nivel de prejuicio es estructural. Uno puede hacer el ejercicio de tachar todas las referencias a la vida privada de ella, a sus comunicaciones… y va a encontrar bastante poco sustento argumental en la sentencia, porque ocupa mucho espacio el tiempo dedicado a ponderar elementos que no tienen nada que ver con el juicio. Y además lo que se ve, y me parece importante, es un doble estándar: una crítica al uso de comunicaciones de Facebook del imputado pero un uso deliberado de las comunicaciones privadas de la víctima.

 Normalmente se plantea, al menos desde lo discursivo, una tensión entre el garantismo (entendido como derecho penal mínimo y cumplimiento riguroso de las garantías procesales) y el uso efectivo del derecho penal como respuesta a los conflictos derivados de la violencia machista. ¿Es una falsa contradicción la que se plantea entre el garantismo y esta utilización del derecho penal? Si la hay, ¿cómo se sale de ella?

 La discusión entre feminismo y garantismo es una falsa dicotomía. Quien plantee el reconocimiento de unas formas de opresión, que se traducen en violencias que históricamente han gozado de impunidad selectiva (precisamente por parte de las estructuras judiciales, que han reconducido esos conflictos al campo de las relaciones privadas, o lo han ignorado, o han construido doctrinas de absolución apoyadas en prejuicios y en versiones estereotipadas de la víctima), lo que plantea es que todo eso debe revisarse. Las ideas más elementales del garantismo están vinculadas a la posibilidad de administrar o resolver conflictos limitando el abuso de poder. Y en un sistema donde existen garantías pero también deberes de tutela judicial efectiva con el mismo rango, la intervención no es simple, ni desprovista de complejidades, pero si una cierta forma de conflictividad social está siendo desatendida, está siendo convalidada en sus formas más violentas por la impunidad generada judicialmente, hay una necesidad de revisar las herramientas con las que estamos interviniendo en los conflictos. Tampoco la doctrina garantista es una doctrina inmutable que esté desprovista de construcciones ideológicas y de posicionamientos hegemónicos, que también deben ser revisados al interior de esos discursos. La idea de que hay una relación irreconciliable ni siquiera es privativa de los discursos jurídicos. En general en todos los ámbitos donde el feminismo plantea la revisión del orden de las cosas (precisamente porque detrás de ideas como la de neutralidad u objetividad lo que hay es una gran funcionalidad al mantenimiento de las jerarquías), los reflejos iniciales de reacción tienen que ver con plantear que la interpelación feminista pone en juego las estabilidades alcanzadas… Y claro que las pone en juego.

 ¿Qué modificaciones se pueden hacer en la Justicia Penal a corto y largo plazo? ¿Creés que la formación con perspectiva de género de agentes judiciales es la solución a la justicia patriarcal?

 A esta altura, la formación es un requisito urgente y un mínimo requerido para intentar transitar de otra forma la relación entre estas demandas y la capacidad de intervención de los sistemas de justicia. Ahora, las reglas de interpretación, el modo en el que estos conflictos son abordados por los procesos tradicionales… también deben ser puestos en cuestión. Los términos de intervención de los cuerpos médicos, de los cuerpos policiales… son todos elementos que al menos en el caso de esta sentencia quedan expuestos. Las políticas de formación son necesarias pero son un instrumento en el marco de un proceso más profundo. La formación por la formación misma no produce transformación. Por supuesto que no da lo mismo tener operadores con perspectiva de género que no tenerlos, pero se trata de procesos mucho más amplios, empezando por aquellos que pongan en valor la relevancia de estas violencias como violencias jurídicamente relevantes. Por otra parte, también es una enseñanza para ver cómo, independientemente de las agendas que avanzan solo por el lado de la creación de tipos penales, luego hay que lidiar con sistemas en los que la prueba, el lenguaje en los juicios orales y demás están en las antípodas de poder procesar la diversidad y la complejidad de las miradas que deben plantearse para casos de estas características.

jueces lucia perez rosario

 Luego de la sentencia comenzaron a circular las fotos de los jueces y aparece algo difícil de soslayar: tres hombres juzgando un caso de abuso sexual y femicidio, que involucra cuestiones como analizar el grado de autonomía real para prestar consentimiento en las relaciones sexuales… ¿Debería diseñarse una política de cupo para la conformación de los tribunales? ¿O la cuestión pasa por otro lado?

 A mí me parece ridículo, a esta altura de los acontecimientos, que cualquier proceso de toma de decisión, de representación institucional, esté en manos solo de varones o solo de mujeres. De hecho, ya la representación binaria atrasa en un contexto donde muchas otras identidades sexo-genéricas son reconocidas y deben ser reconocidas y por lo tanto ya nos estaríamos quedando cortos con el reclamo de mayor diversidad entre varones y mujeres. Aún así, creo que no hay que caer en esencialismos absurdos, en el sentido de creer que porque hubiera mujeres la perspectiva necesariamente es otra… Porque en definitiva el problema es la opresión, el problema es el sexismo; y las prácticas prejuiciosas, estereotipadas y sexistas pueden ser portadas por cuerpos de distinta conformación. El punto es que en sí mismo, y por otras razones que no tienen que ver con asociar una cierta identidad de género con la capacidad real de entender en clave de género los casos, sino con la necesidad mínima de democratizar la estructura de decisión, ya no pueden sostenerse reglas de integración que omitan completamente la posibilidad de que los tribunales estén conformados con personas del mismo sexo. En el caso de los delitos sexuales se vuelve patente, pero hay que tener cuidado con los riesgos esencialistas. Y también lo que plantea esto es la necesidad de administrar el sistema de justicia con juicio por jurados, como manda la Constitución. Y que estos sean mixtos. Debería ser una condición de legitimidad democrática básica.

 ¿Cómo aparece definida la mujer en el Código Penal? ¿Se reconoce un único tipo de opresión? En ese caso, ¿creés que eso lleva a que lleva a que se ignore la situación concreta de diversas opresiones?

Sí, digamos que es una definición universal. No hay interseccionalidad en las definiciones normativas. Entonces, por supuesto que está atravesada por todos los esencialismos, los reduccionismos y los binarismos que atraviesan al discurso jurídico en su conjunto. No hay referencias de otros aspectos o de otras situaciones que pudieran dar cuenta de otros regímenes jerárquicos o estructuras de opresión en la redacción de las normas del Código Penal.

 

*La entrevistada es abogada (UBA) con orientación en derecho penal, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). También fue consultora de la OEA en proyectos de evaluación de reformas procesales penales relativos a distintos países de América Latina. 

 

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